La sentencia del TSJ indicó que los alcaldes tienen la facultad de tomar las medidas necesarias para “asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de limpieza urbana y doméstica”.
La Sala Político Administrativa (TSJ) de la Corte Suprema de Justicia reafirmó la legalidad del cobro de servicios urbanos a los alcaldes. Luego “desestimó” un recurso de apelación en sentencia de 2 de mayo de 209 que se interpuso contra una sentencia del Tribunal Superior Primero en lo Contencioso Tributario en la que se interpuso “conjuntamente” el recurso tributario controvertido. Protección preventiva Y con una medida cautelosa de ayuda. Suspensión de impacto y Sin Nombre”, como castigo por falta de pago de la agencia de servicios de limpieza urbana Fospuca
La Sala Político-Administrativa declaró como “firme” la primera sentencia “No fue objeto de recurso de apelación por parte de la empresa recurrente ni entraba en conflicto con el interés del erario municipal, lo que decidió el tribunal de instancia cuando fue declarada. inadmisibilidad Solicitudes de abuso control difuso de Constitucionalidad Artículo 5 de la Reforma Parcial de la Ordenanza Tarifaria en Materia de Aseo Urbano y del Hogar del Municipio de Baruta, Estado Bolivariano de Miranda»
Se interpone recurso de representación juicio Sentencia Definitiva No. 2343 de fecha 24 de noviembre de 2022 emitida por el Primer Tribunal Superior de lo Contencioso Fiscal del Distrito Judicial del Área Metropolitana de Caracas en contra de la empresa Surnet Telecom, CA, donde se “confirma”, salvo sentencia en los términos previstos en la presente sentencia. Costos judiciales-
Tras conocer la sentencia, la organización no gubernamental Assesso a la Justicia declaró que las multas exigidas por el demandante eran “una consecuencia jurídica del incumplimiento de sus obligaciones tributarias”. En el documento, el tribunal señala que “toda la comunidad está obligada a cooperar con la higiene, la salud y la vida pagando los servicios de limpieza urbana”.
*Leer más: Informan que Fospuca Caroni ha emitido más de 70 solicitudes de prohibición en 2023
El fallo indicó que los alcaldes tienen la facultad de tomar las medidas necesarias para “asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de limpieza urbana y doméstica”.
Sarnet Telecom denunció en su recurso de apelación y defensa que su incumplimiento (de Semat) se debió a un bloqueo “arbitrario” que le había aplicado la Administración Tributaria Municipal y por lo tanto no tenía derecho a acceder al portal para realizar la declaración. Impuestos municipales.
“Debemos advertir que el amplio poder que la SPA reconoce en la alcaldía puede dar lugar a interpretaciones que sugieran medidas directivas, como retenciones en origen por impago de los servicios de limpieza urbana”, advirtió Acceso a la Justicia.
Agregó que la situación descrita anteriormente podría darse a nivel nacional, lo que podría significar una grave situación de inseguridad para la ciudadanía en general.
La diatriba de Facebook no es nueva. A fines del año pasado, la Asamblea de Ciudadanos de Caroni informó que la compañía había presentado más de 70 reclamos solicitando la prohibición de hacer negocios en Ciudad Guyana hasta 2023 (en ese momento).
“El número de solicitudes de decomiso circuladas en los tribunales de la ciudad este año ha llegado a 200 que han sido procesadas. Algunos llegaron a acuerdos y terminaron pagando por temor a ser embargados. El único que los enfrentó con la ley fue Respuestos Star Motors. Hay mucha opacidad. Simon Yegres, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos, dijo que estaban en marcha entre 70 y 110 procedimientos de prohibición.
Ante esta situación, la ciudadanía organizó una manifestación frente al juzgado de Puerto Ordaz, exigiendo el fin del bloqueo del portal tributario y un cambio en los parámetros de cálculo para el cobro de las cuotas de las empresas.
Desde principios de año se han producido diversas protestas denunciando las exorbitantes tarifas que cobra Fospuca, que oscilan entre 50 y 2.000 dólares. Asimismo, las víctimas alegaron que la empresa opera como una entidad municipal y no como una empresa privada.
“Le hicieron un cambio a la ordenanza que la otra era ilegal porque estaba basada en un contrato ilegal, ahora le hicieron un cambio a Caroní que es peor en todas sus cláusulas. En esas cláusulas le dan poder al Fospuca como entidad municipal que tiene sus competencias y con calidad puede cobrar como quiera”, afirmó Pedro Acuña, miembro del Consejo Ciudadano.
En Caracas las quejas por altas tarifas se remontan a 2021. Los costos se produjeron luego de que la concesionaria colocara sus cálculos sobre el petro, la criptomoneda creada por la administración de Nicolás Maduro y que fluctúa según el tipo de cambio diario del dólar que publica el Banco Central de Venezuela (BCV).
El cálculo de la tarifa se basa en el tamaño del espacio que ocupa el negocio y no en los residuos que genera, gracias a una normativa establecida por el municipio. Lo anterior convierte al servicio en el más caro de Venezuela.
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