Se convocó otra manifestación para el domingo 19 de mayo en la capital española, Puerta de Sol. La actividad iniciará a las 12 del mediodía y cuenta con el apoyo de organizaciones como el Observatorio Geopolítico Latinoamericano Frente Amplio de Mujeres
Desde Madrid, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil venezolana piden la liberación de la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien este sábado 18 de mayo cumple 100 días de prisión tras ser acusada de traición y traición. . Conspiración por su presunta participación en la conspiración llamado “B“Rendija blanca”.
Sergio Contreras, representante de Refugiados Sin Fronteras, reveló lo siguiente:
“Hoy se cumplen 100 días de su injusta y arbitraria detención, primero por desaparición forzada; una violación de los derechos humanos de una mujer cuyo único pecado es ser defensora de los derechos humanos. “Por eso, en solidaridad, cientos de venezolanos han salido a Exigimos la libertad de Rocío San Miguel, y Clamamos libertad para que sea escuchada.”
Se convocó otra manifestación para el domingo 19 de mayo en la Puerta de Sol, la capital española. La acción iniciará a las 12 del mediodía y cuenta con el apoyo de agrupaciones como Frente Amplio de Mujeres, Observatorio Geopolítico de América Latina y Vente Venezuela, Primero Justicia entre otros.
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La organización venezolana Justicia, Encuentro y Perdón lo condenó San Miguel está detenido sin garantías del debido proceso y no se le permite contratar a sus abogados de confianza, por lo que “sigue indefenso, sujeto a una cadena de violaciones a los derechos humanos”.
“Exigimos una vez más que el Estado venezolano cumpla con el debido proceso y permita el acceso a su defensa establecida por la constitución, las leyes nacionales y los convenios internacionales en materia de derechos humanos”, escribió la asociación en su cuenta X el sábado.
La detención de Rocío San Miguel fue parte de la política del gobierno venezolano de reprimir y criminalizar el trabajo de los trabajadores sociales y cerrar el espacio civil en Venezuela. Ambas políticas, denunciadas por múltiples ONG, se basan en la consideración del papel de los defensores de los derechos humanos como “enemigos internos” y presuntos autores de “supuestas conspiraciones e 'intentos de asesinato'”.
La irregularidad de su caso resultó, entre otras cosas, en una violación de las disposiciones internacionales contra la desaparición forzada, así como del deber de los Estados de no practicarla, permitirla o tolerarla.
El patrón sistemático de desapariciones forzadas de corta duración en Venezuela ha sido documentado por agencias de la ONU y reportado al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Se arresta a los opositores políticos o a dichas personas y a sus propios familiares.
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