El investigador Humberto Prado destaca la situación de los presos políticos dentro del INOF, que califica de “muy grave”. Al menos 10 de las 21 mujeres detenidas por motivos políticos en el país se encuentran recluidas en esta prisión y reciben “penas suspendidas”. El Observatorio Penitenciario de Venezuela ha llamado la atención sobre la falta de condiciones básicas para las mujeres detenidas en estos centros penitenciarios, quienes enfrentan retrasos procesales.
El Observatorio Penitenciario Venezolano (OVP) presentó este miércoles 22 al Instituto Nacional de Orientación de la Mujer (INOF) un informe sobre las condiciones de Los Tex, el principal penal para mujeres del país, con severo hacinamiento, mala alimentación y sin servicios médicos. cautivo
en el informe “Prisiones de Mujeres (INOF): Cementerios de Mujeres Vivas”, el Observatorio detalla que el penal alberga al 28% del total de mujeres encarceladas por algún delito en el país. Hay 680 internos aunque tiene una capacidad instalada de sólo 350 internos, lo que representa un hacinamiento crítico del 185,71%.
Las mujeres detenidas en el INOF no reciben porciones adecuadas ni una dieta equilibrada. El menú diario se basa en comer granos (frijoles), arepas sin relleno o bollos de harina amarilla. No obtienen ninguna proteína.
En cuanto al suministro de agua potable, a veces las represas tienen que pagar un dólar cada una para comprar un camión cisterna. Los problemas de suministro persisten desde hace años, provocando brotes de enfermedades como la sarna debido a las dificultades para mantener la higiene personal.
Según la investigación del observatorio, el INOF tampoco cuenta con servicios especializados para la atención médica. Si las mujeres enferman, son necesariamente los familiares quienes canalizan y pagan la atención; Mientras que el traslado a un hospital sólo se realiza cuando se trata de un caso muy grave.
Para los OVP, resulta alarmante que en estos centros penitenciarios no se garantice la atención ginecológica u obstétrica. La abogada y profesora universitaria Magali Vásquez, quien participó en la presentación del informe, recordó que la situación de los privados de libertad es responsabilidad del Estado venezolano.
“El Estado tiene que proporcionar condiciones mínimas. Para las mujeres del INOF, es responsabilidad de su familia. Imagínense lo que es para una mujer no poder aportar lo mínimo cuando, por ejemplo, no están en la zona, es decir, sus familiares viven en estados muy lejanos y no pueden visitarla a menos que esperen una vez al año”. Destaca al abogado.
Vásquez también señaló que el apoyo no sólo a la mujer detenida, sino también a sus hijos está asociado a cargas familiares. De hecho, el Observatorio confirmó que actualmente hay 23 niños y niñas menores de tres años que viven con sus madres en el INOF, pero las plazas no son totalmente adecuadas a sus necesidades.
Por su parte, Humberto Prado, director y fundador del observatorio, señaló que la demora procesal “es gravísima. Hay mujeres que llevan años detenidas y ni siquiera han sido sancionadas finalmente”. abogados de confianza, como nuestros compañeros defensores de derechos humanos en el caso de Rocío San Miguel”.
Llamó la atención sobre el trato que reciben las reclusas durante los registros, que son realizados por personal masculino del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) del Servicio Penitenciario. “El trato hacia los guardias es muy ofensivo, durante los registros suelen intervenir agentes y agentes. “Los registros físicos son degradantes y humillantes”, dijo una mujer detenida al OVP.
Presos políticos en INOF
Humberto Prado destacó la situación de las mujeres detenidas por motivos políticos en este penal, que calificó de “muy grave”. Al menos 10 de los 21 presos políticos del país están recluidos en el INOF y reciben “sentencias suspendidas”.
Suspensión de visitas, prohibición de ver a determinados familiares como sus hijos, negativa de traslado a juzgados o centros de salud y aislamiento en celdas denominadas “El Tigrito” y “La Danmora” son algunos de los castigos que reciben.
El investigador pone el ejemplo del empresario Emirlendris Benítez, detenido desde agosto de 2018 y condenado a 30 años de prisión por el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, conocido como el caso de los drones.
“El caso de Emirlendris Benítez es muy grave, él ha pasado por mucho y actualmente se encuentra en silla de ruedas luego de la tortura”, sentenció. Familiares del preso político, así como organismos internacionales, han solicitado su traslado y asistencia médica especializada al Ministerio de Servicios Penitenciarios, del que depende el INOF, pero les han negado esta opción.
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Magali Vásquez coincide en que la situación de los presos políticos es “mucho más dramática (…) la constante es que las mujeres son detenidas inconstitucionalmente, es decir, están detenidas por un delito claro o hay orden”. Un juez. Se mantuvieron en contacto durante un número importante de días después de su detención, lo que dio lugar a desapariciones forzadas.
La abogada afirmó que, además, la mayoría de las mujeres encarceladas por motivos políticos fueron sometidas a procesos judiciales en los que no se les impuso ninguna sanción, “perpetuándose esta prisión preventiva de forma arbitraria”.
También destacó la duración de las penas impuestas a los culpables. “Estamos hablando de mujeres que han sido condenadas a 30 años de prisión, que es la pena máxima en nuestra ley y por los hechos que se manejan difícilmente se puede considerar que se cumplan las garantías mínimas que justificarían la llegada de un juez. se cumplieron. Que El proceso de imposición de una sanción como
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