La misión de investigación de Venezuela ha señalado que “seguirá de cerca las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto postelectoral (…) Esto incluye un análisis de las fuerzas e individuos responsables de dichas violaciones”.
La misión de investigación de Venezuela ha expresado su “profunda preocupación” por los informes de violencia y violaciones de derechos humanos registrados en el país tras las elecciones presidenciales del domingo. En este Dictamen de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, el país se enfrenta a una “reactivación acelerada del aparato de represión” contra la población.
“Estamos asistiendo a la acelerada reactivación de aparatos represivos que nunca fueron desmantelados y que ahora son utilizados para socavar las libertades civiles de los ciudadanos y su derecho a la participación política y a la libre expresión”, afirmó Patricia Tapata, experta de la misión. Un comunicado emitido el miércoles 31 de julio.
La misión expresó preocupación por una “nueva ola de persecución” contra líderes opositores como Freddy Superlano, posiblemente detenido por funcionarios del Sebin y del Conas la mañana del martes 30 de julio; Además de otros cuatro líderes en varios estados; Amenazas contra María Corina Machado y bloqueo de la Embajada Argentina en Caracas contra solicitantes de asilo de la oposición.
Condenó la “violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al gobierno (conocidos como 'colectivos') contra los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral en la madrugada del lunes 29, en el marco de las protestas. donde Nicolás Maduro ganó con el 51,2% de los votos.
La misión constató que tanto oficiales como equipos dispararon sus armas de fuego contra los manifestantes. 18 de los 23 estados del país registraron incidentes de detenciones, desapariciones, lesiones y asesinatos.
El equipo de expertos ha podido confirmar, hasta el momento, seis muertos y decenas de heridos. Agencias independientes informaron de 13 muertes y más de 400 detenciones en dos días. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab informó la muerte de un teniente de las fuerzas armadas, las heridas a 46 militares y policías y la detención de 749 civiles.
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“Las operaciones de control del orden público deben cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos, según las cuales el uso de la fuerza debe ser proporcionado y dirigido a proteger la vida humana”, recordó la presidenta de la misión, Marta Valinas.
Sin embargo el experto Francisco Cox afirmó que es deber de las autoridades “investigar y sancionar todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos y posibles delitos cometidos por subordinados de manera independiente, pronta, imparcial y transparente. Asimismo deben prevenir su comisión”.
Cox añadió que “todas las detenciones deben cumplir con los estándares internacionales sobre el debido proceso”.
Valinas indicó que “continuarán centrándose en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto postelectoral (…) incluyendo el análisis de las fuerzas y personas responsables de dichas violaciones”.
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