Estados Unidos apoya las demandas de un sector de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González sobre los resultados electorales. “La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, dijo el subsecretario Brian A. Nichols reiteró.
El subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, aseguró que la administración Biden “exigirá rendición de cuentas a quienes facilitan el fraude electoral y la represión” en Venezuela, tras los cuestionables resultados de las elecciones presidenciales que provocaron protestas en todo el país y cuestionados por la comunidad internacional.
A través de una publicación en redes sociales de los países”.
Estados Unidos apoya las demandas de un sector de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González sobre los resultados electorales. Escrutando actas en mano, aseveraron que el hecho de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicara a Maduro como ganador no se correspondía con las encuestas difundidas el 28 de julio.
Además de Machado y González, otros ex candidatos como Enrique Márquez pidieron al CNE mostrar los resultados desglosados por tabla. Observadores internacionales, como el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU, dijeron que la agencia no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad y, por lo tanto, arrojaron dudas sobre la declaración de apoyo a Maduro.
“La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, reiteró el subsecretario Nichols.
Las protestas contra los resultados del 28 de julio desencadenaron una fuerte represión por parte de la administración de Maduro. Según las autoridades, más de 2.300 personas fueron detenidas y 25 murieron. Organizaciones independientes como el Foro Penal verificaron las detenciones de 1.504 personas en todo el país, entre ellas más de 120 adolescentes y 200 mujeres.
Esta ola de detenciones, junto con la represión contra líderes políticos o personas asociadas a la oposición, ha sido calificada como ejercicio de “terrorismo de Estado” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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