Una decena de excancilleres latinoamericanos aseguraron este lunes que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de confirmar la polémica reelección de Nicolás Maduro, cuya victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio es considerada fraudulenta por la mayoría opositora, ” no tiene legitimidad.”
En un comunicado conjunto, doce excancilleres, entre ellos María Ángela Holguín de Colombia, Jorge Castañeda de México y José Miguel Insulza de Chile, aseguraron que la Corte Suprema de Venezuela “carece de imparcialidad e independencia”.
Y junto al Consejo Nacional Electoral (CNE) “jugaron un papel dentro del aparato represivo del Estado”, por lo que su decisión de apoyar resultados electorales favorables a Maduro “no es válida, además de inconstitucional”.
El grupo de exdiplomáticos llamó al gobierno venezolano a “respetar la soberanía popular expresada en las elecciones” y a publicar registros de votación dispares para que puedan ser “sujetos a un escrutinio independiente con presencia internacional”.
Este lunes, el CNE dijo que acataría la decisión “inequívoca” de la Corte Suprema y pidió a la entidad publicar en su boletín los resultados de las elecciones ya anunciados.
El tribunal, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó la victoria de Maduro a través de un peritaje judicial cuyos detalles se desconocen y en el que no fueron invitados a participar representantes de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), alegando fraude.
El PUD confirmó que su candidato, Edmundo González Urrutia, había ganado las elecciones presidenciales por un amplio margen, por lo que entregó “el 83,5% de las actas electorales” recogidas por testigos y miembros de mesa para reforzar su reclamo, y a la CNEC, Una buena parte de la comunidad internacional pidió que se hicieran públicos los resultados separados de las elecciones, tal y como estaba previsto en el calendario.
El TSJ dijo que recibió todas las actas del CNE que confirman la victoria de Maduro y decidió mantener ese material “a salvo”, aunque las reglas y tradiciones dictan que los resultados electorales de cada centro deben ser publicados.
