Un grupo de 31 expresidentes iberoamericanos presentó un documento ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional acusando a Nicolás Maduro de representar una “república militar represiva que practica el terrorismo de Estado”.
En el texto llaman a las fuerzas armadas “bajo órdenes directas de Nicolás Maduro, responsable de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia”.
El texto se basa en el informe presentado por la CIDH que calificó los hechos posteriores al 28 de julio como “terrorismo de Estado”.
“En este contexto, los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo, incluida la reciente orden de aprehensión contra el presidente electo de facto, Edmundo González Urrutia, son obra de una estructura militar operativa cuya cadena de mando es Nicolás Maduro Moros como un oficial militar activo y un comandante en jefe practican directamente”, agregaron en la carta.
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“Maduro Moros lidera como comandante en jefe y ha ordenado operaciones militares de represión sistemática contra el pueblo venezolano y los líderes de las fuerzas democráticas encabezadas por María Corina Machado sin mediación institucional”, indicaron.
31 expreso pedimos @IntlCrimCourt Detenciones de Maduro, Cabello y miembros de organizaciones criminales #Venezuelaque oprimen al pueblo, @Edmundogu y @MariaKorinaia.
Fiscal @karimkhanqc: mientras investiga a los golpistas que oprimen descaradamente a los demócratas victoriosos. pic.twitter.com/ocrzgftXZY— Tuto Quiroga (@tutoquiroga) 6 de septiembre de 2024
En este sentido, aseveraron que el líder del chavismo “implementa de manera inmediata su política de Estado opresora a través del comando estratégico operativo y zona militar de su territorio y defensa integral, que se despliega en toda la geografía de Venezuela. Y así, ahora prevalece ese régimen militar y el “Sustituir a la república es la deplorable experiencia de la dictadura militar del Cono Sur de América Latina en Venezuela, una dictadura militar represiva y terrorista, dueña real del poder estatal y de los recursos económicos y responsable de crímenes investigados por los tribunales”, continúan.
Por ello, pidieron a la CPI que “despliegue urgentemente su función preventiva contra miembros de la cadena de responsabilidad militar y con su función sancionadora para frenar la marea de denuncias presentadas por diversos Jefes de Estado y la Secretaría General de la OEA. Violaciones generalizadas y sistemáticas”. de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad”, que se lleva a cabo mediante desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.
