La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la detención arbitraria de niñas, niños y adolescentes en Venezuela en el contexto postelectoral, así como violaciones a la presunción de inocencia y a las garantías judiciales. El Estado venezolano debe garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en la protesta social y sus intereses.
Según información proporcionada por la Organización Foro Penal, al menos 152 menores fueron detenidos arbitrariamente luego de las elecciones presidenciales en Venezuela, que se llevaron a cabo el 28 de julio de 2024. La última información disponible, al 6 de septiembre, indica que sólo 86 de estas personas fueron liberadas.
En su mayoría, niñas, niños y adolescentes fueron detenidos cuando se manifestaban contra la falta de transparencia en la difusión de los resultados electorales de las últimas elecciones presidenciales. La información disponible indica que, tras su detención, se produjeron violaciones a la presunción de inocencia, a las garantías judiciales y a las condiciones de detención.
Estas niñas, niños y adolescentes fueron preclasificados como terroristas por las autoridades y privados de libertad en las mismas celdas que los adultos y en algunos casos sin separación por género. Además, a todas estas personas se les impuso un defensor público oficial, negándoles la posibilidad de tener una defensa creíble, y varios de ellos fueron prácticamente llevados ante los tribunales por cargos de terrorismo sin la presencia de sus familiares o tutores. .
La CIDH expresa especial preocupación por ciertas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tal es el caso de una adolescente embarazada que sufrió violencia de género mientras se encontraba bajo custodia estatal. Los agentes le aconsejaron que la abortarían para no tener un hijo terrorista. Asimismo, fue obligado a realizar ejercicios físicos y ponerse en posturas incómodas y humillantes. También hay antecedentes de un niño en el espectro del autismo privado de su independencia sin ver a su familia ni recibir tratamiento. Otro caso que suscita especial preocupación es el de un niño que afirma haber sido golpeado mientras estaba detenido y, como consecuencia de ello, sufre parálisis facial.
La CIDH reitera que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en los asuntos que les afectan puede ser ejercido colectivamente, lo que implica el derecho a ser escuchados como grupo y a participar en la vida pública. En este sentido, el Estado protector tiene una responsabilidad especial de garantizar un espacio seguro para su participación efectiva. Al mismo tiempo, recuerda la obligación de los Estados de tomar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad.
En los centros de detención antes mencionados se exige la segregación por categorías, especialmente por edad y sexo; Garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad y el trato humanos, como la obligación de brindar servicios de salud oportunos, adecuados y especializados; y la prohibición total de todo trato cruel, inhumano o degradante.
La Comisión Interamericana condena la represión política en Venezuela y su impacto en niñas, niños y adolescentes que ejercen su derecho a la protesta y participación social. Consagra protecciones especiales y fuertes, el derecho de los adultos a no ser privados de su libertad y a no enfrentar situaciones de violencia o separación arbitraria de sus familias.
Al mismo tiempo, reitera que no existe separación o independencia del poder popular en Venezuela, lo que se evidencia en las detenciones arbitrarias y la falta de control judicial efectivo sobre las condiciones de detención. Es imperativo que el Estado venezolano tome medidas para restablecer un sistema democrático comprometido con prevenir, investigar, procesar y sancionar estas violaciones de derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y sirve como órgano asesor de la OEA en esta materia. La CIDH está compuesta por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
Con información de NP