El gobierno nacional de Argentina emitió un decreto que limita el acceso a las pensiones de invalidez, justificando la medida con quejas de “inconsistencias alarmantes” en una auditoría de una pequeña muestra de beneficiarios.
Este cambio, establecido en el Decreto 843 publicado en el Diario Oficial, ha provocado una fuerte oposición entre expertos y organizaciones dedicadas a proteger los derechos de las personas con discapacidad que advierten que la revisión se basa en una muestra que representa menos del 4%. Más de 330.000 pensiones de invalidez en el país, informó Telesur en su portal web.
La nueva normativa establece que, para acceder a una pensión, no se debe tener un empleo formal y exige que los solicitantes menores de edad no tengan familiares con la obligación legal de sustentarlos, a menos que no puedan hacerlo.
Se imponen estrictos requisitos de residencia a las personas físicas y a los extranjeros.
Consultada por el medio cooperativo TimpoR, Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el decreto de “completamente regresivo” y contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó. . En 2008.
Troiano explica que la normativa contradice el modelo social de discapacidad que promueve la Convención, que reclama la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas con discapacidad.
Las críticas se extienden a la inconsistencia del empleo registrado con el cobro de pensiones, cambio que, según Troiano, revertiría los avances logrados en la ley.
Por su parte, Lourdes Farias, directora Provincial de Acceso e Inclusión del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, advirtió que este cambio afectará gravemente a los niños con discapacidad, que no tienen capacidad para trabajar.
“Perder estos ingresos significa perder el acceso a medicamentos y terapias esenciales”, dijo Farias, añadiendo que la solución al abuso en el sistema no es penalizar a quienes más necesitan ayuda.
El gobierno de Javier Milli, en un esfuerzo por recortar el gasto público, ha enfrentado críticas por priorizar la eficiencia económica sobre el bienestar de los grupos más vulnerables. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han solicitado que el decreto sea revisado antes de que cause daños irreparables a miles de familias.
Argentina tiene entre 5 y 5,5 millones de personas con discapacidad, de las cuales sólo 1,3 millones reciben pensiones no contributivas.
La implementación de esta nueva regulación no sólo puede considerarse una violación de los derechos fundamentales, sino que también aumenta el sufrimiento y la incertidumbre entre quienes ya enfrentan muchos desafíos en su vida diaria.